La administración Biden advirtió que los vehículos ensamblados en México con componentes chinos enfrentan aranceles del 100%. Traducción libre: el TLCAN sigue vivo, pero la globalización que prometía quedó enterrada en alguna junta de Ottawa. Los autos baratos — esos Corolla, Versa, Beat que cruzan la frontera sin preguntar — ahora tienen un precio político que el consumidor no pidió pagar.
La lógica oficial sostiene que se protege la cadena de suministros Norteamérica. La curva, sin embargo, pregunta quién absorbe el costo cuando un Sentra sube $3,000 dólares en el concesionario de Tucson. No es el gobierno. No es Toyota. Es el comprador que necesitaba un carro funcional, no un símbolo de soberanía industrial.
Canadá y México ya adelantaron que responderán con contramedidas. El patrón es conocido: aranceles que se traducen en inflación discreta — la que no aparece en los comunicados pero sí en el ticket del supermercado y en el recibo de la gasolina. El consumidor estadounidense paga dos veces: una vez con impuestos para subsidiar la política industrial, y otra vez con precios más altos en el catálogo.
Lo que nadie dice en voz alta es que la guerra comercial desatada bajo el pretexto de la seguridad nacional tiene un daño colateral que nadie cuantifica: la accesibilidad. Autos más caros significan menos opciones para quien gana $40,000 al año y necesita llegar al trabajo. Eso no viene en el comunicado de Banxico ni en la Fed ni en Hawthorne. Solo aparece en la realidad de las familias que cruzan la frontera cada mañana buscando una vida que el pacto comercial ya no garantiza.